El derecho a la educación

Leo en facebook una noticia con un titular que dice “Profesores pagan las tasas a alumnos sin recursos para que puedan realizar la selectividad”. Por supuesto me conmuevo porque yo misma me he encontrado este curso con alumnos que han renunciado a presentarse o han decidido hacerlo en septiembre para tener más tiempo de estudio (reconociendo que el problema es el miedo a suspender y perder un dinero que sus familias apenas se pueden permitir). Pero intento corroborar que la noticia es auténtica y encuentro que sí y no, es decir, que sí ocurrió pero fue en 2013 en Alicante, donde los costes de examen superaban los 100 euros. La noticia sigue siendo igual de llamativa, pero me hace reflexionar acerca de varios asuntos. Primero, en un mundo con sobreinformación cada vez resulta más difícil acceder a los hechos, perdidos entre un aluvión de noticias directamente inventadas o manipuladas en las redes sociales. Segundo, en un mundo donde internet favorece la expresión del pensamiento cada vez resulta más fácil encontrar comentarios directamente ofensivos en las redes sociales o en los foros de opinión. Digo esto porque, en mi rastreo, me he encontrado con un foro en el que uno aportaba este inteligente comentario: “pues eso es que no les han recortado suficiente” (y otras lindezas por el estilo). Tercero, en un país en el que la enseñanza pública es gratuita, no tiene sentido que los alumnos deban pagar tasas tan altas para acceder a la única prueba que les abre la puerta a la universidad o incluso a los ciclos formativos (en concreto creo que hay un 20% de plazas reservadas para estos casos). En Andalucía el pago es de 88 euros y las únicas ayudas contempladas son para las familias numerosas. Si se le suma que la solicitud del título de bachillerato tiene un coste de 52,52 euros, las familias deben abonar casi 150 euros al final de curso. En un país donde el salario mínimo ronda los 650 euros, numerosas familias solo cuentan con un sueldo (no siempre de jornada completa), y la tasa de paro en Andalucía anda por el 30% sencillamente los números no cuadran. Al menos si pretendemos que la educación sea un derecho real para los ciudadanos  como reconoce la constitución.